El infame canon AEDE

La polémica está servida, una vez más, a costa de las cafradas del PP. En concreto este canón, encuadrado dentro de la normativa que reforma la Ley de Propiedad Intelectual, supone un nuevo atentado del gobierno en el poder contra la democracia y la cultura, un clavo más en el ataúd de la libertad de expresión. Y por extensión, ya que está usted en el cargo, señor Wert, pasará usted seguramente a la historia como el Ministro de la incultura, el más retrogrado, más como un terrorista cultural que como un promotor del saber y el progreso de la ciencia y el conocimiento en España, enhorabuena.

Y es que, señores, está ley no tiene precedentes, que se sepa, quizás en Mumbutí o en Zamzibre tengan algún engendro legal como este, lo dudo. Pero empecemos por el principio: en qué consiste la polémica alrededor del canon AEDE? Básicamente, este supositorio legal obligaría a los agregadores a pagar a partir de ahora a los editores por enlazar sus contenidos, de manera irrenunciable. O dicho de forma más sencilla: la penalización de los enlaces en Internet. Hay bastamte confusión al hilo de quiénes pueden ser penalizados o gravados por el uso de enlaces en sus publicaciones, pero parece ser que los paganinis serían exclusivamente los agregadores, es decir, los Google, Menéame y alguno más. Los demás usuarios, los que tenemos blogs o publicaciones en Internet en teoría no seríamos sujeto pasivo del impuesto revolucionario que se ha sacado este nefasto gobierno de la manga, aunque a nadie le extrañe que en aras de salvaguardar su decimonónica cultura nos cierren el chiringuito a unos cuantos miles por compartir información y por opinar, sobre todo si nos posicionamos en contra de su paupérrimo hacer en el poder y de su talibán comportamiento para con los derechos de todos los ciudadanos.

Por supuesto, la nueva ley ha levantado ampollas, y de las gordas. Hay muchas críticas al gobierno por su sibilino comportamiento en la salvaguarda de la información y el derecho de expresión, aunque, como veremos, también existen los que le dan la palmadita en el hombro, los que van a sacar tajada de todo esto, claro.

Entre los críticos cabe resaltar:

Lo primero, por supuesto, millones y millones de usuarios e internautas, que usamos de este servicio de intercambio de información y que saldremos perjudicados por esta blochevicada infame del PP.

La Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP) que considera que la norma supone " una inferencia injustificable en la libertad de empresa" y que, para los pequeños y medianos editores de prensa, "el hecho de ser indexados por los agregadores de noticias supone un evidente beneficio, por lo que no precisan ninguna compensación equitativa y, menos aún, impuesta con carácter irrenunciable". Más claro, agua.

Pero también se han manifestado en contra entidades tan importantes como la CEOE, FEDEA, la Comisión  Nacional de Competencia y AFI que ha emitido un informe donde evalúa el impacto negativo sobre los internautas españoles. Me parece especialmente relevante la opinión de la CNMC, que es la que vela porque no se cometan tropelías en el mercado que beneficien a unos pocos, es decir, que todos juguemos con las mismas reglas. La CNMC decía antes de que se le remitiese el borrador del anteproyecto lo siguiente, que iba en la línea de sugerir directamente la supresión el artículo 32.2 donde se establece el canon: “(...) si se decidiese continuar con la medida, al menos se recomienda: i) Modificar el carácter irrenunciable de la compensación y  ii) eliminar la reserva de actividad que se concede a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual.”

Y es que la coña es que uno no se puede negar a que se cobre el canon en su nombre, por el hecho de que un tercero haga un link a su página, aunque esté al final no perciba un duro y se lo embolse el Estado. La otra parte es que habrá una entidad encargada de recaudar y gestionar estos derechos en nombre de todos y que se embolsará los dineros, rollo SGAE... Todo huele a trapos sucios y gestión de tapadillo que apesta, amén del recorte a la libertad de expresión.

Los que están que dan saltos de alegría, aparte del propio gobierno que ya echa cuentas de los millones que se embolsará, son los grandes medios de comunicación, la mayoría de ellos posicionados a favor de que les caigan del cielo unos cuantos miles de euros. Mentalidad corta y a la española. Porque lo que propicia, una vez más, este impuesto revolucionario es que se desvirtúe la competencia, la libre circulación e intercambio de información que afecta a todo el mundo, no sólo a los que cobran o pagan. Y, para mí lo más importante, que España sigue dando pasos hacia atrás en el camino de la democracia y las libertades. Y no pensemos que este es un tema puramente filosófico, tiene sus claras vinculaciones económicas, más allá del pago del canon, y es que España será vista cada vez más como un país intervenido, donde las normas se dictan por antojo y la seguridad jurídica es escasa, ergo, es como colgar una ristra de ajos para alejar a los inversores extranjeros y, ojo, también a los nacionales, que se irán buscando entornos socioeconómicos más nítidos y respetuosos. Y luego al PP se le llena la boca con lo de construir la marca “Made in Spain”, vamos, no me jodas.